Llenar el carrito de la compra se ha convertido en un verdadero desafío para las familias españolas. Y no se trata de una simple percepción: es un dato preocupante que se desprende del reciente informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Centrado en la cesta de compra, el estudio revela que algunos productos de consumo masivo han registrado alzas de hasta un 35% respecto al año anterior. Pero lo realmente alarmante no es el incremento anual, sino la acumulación desde 2021: un aumento superior al 36% en productos básicos. Dicho de manera cruda, un hogar que destinaba 100 € a su compra esencial hace cuatro años, hoy necesita 135 € para obtener exactamente lo mismo.
Sin dudas, la inflación en España ha dejado de ser una anomalía económica transitoria para convertirse en una carga estructural que golpea con fuerza el bolsillo de los consumidores. La cesta de la compra no es un mero indicador: es el termómetro implacable de una crisis del coste de la vida que obliga a cuestionar sus causas y, sobre todo, la inacción política y la falta de transparencia del mercado.
Esta presión económica se traduce directamente en cambios forzosos en los hábitos de consumo. La escalada de precios de los productos frescos, esenciales en la dieta mediterránea, se suma a los factores que están alejando a los españoles de un patrón alimentario que ha sido durante siglos la base de su alimentación. La OCU ya había advertido sobre las tendencias preocupantes que podrían ir dejando atrás la dieta mediterránea.
A principios de este año, la organización recogió un análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la dieta de los españoles entre 2014 y 2023. El panel reveló que “cocinamos menos verduras, comemos menos fruta fresca, mientras aumentamos el consumo de refrescos y bebidas alcohólicas”. Ahora, con el encarecimiento de la cesta de la compra y su impacto sobre los hábitos alimentarios, el panorama se vuelve aún más alarmante.
Se trata de un factor que amenaza la continuidad de los hábitos mediterráneos, cuya importancia para la salud ha sido avalada por numerosos estudios y ensayos clínicos, como el Predimed en España. Perderlos no sería solo una cuestión cultural o gastronómica: sería renunciar a un pilar de bienestar reconocido internacionalmente.
El encarecimiento de productos frescos y esenciales no es el único factor que empuja a los consumidores a abandonar siglos de tradiciones culinarias, aunque probablemente sea el más difícil de revertir. Otros, en cambio, podrían solucionarse con medidas más sencillas. Por ejemplo, el desprestigio de la dieta mediterránea causado por el polémico etiquetado Nutri-Score, adoptado voluntariamente por algunos productores y promovido principalmente por cadenas de supermercados como la cadena Carrefour, de origen francés como el Nutri-Score.
El sistema NutriScore fue concebido para facilitar elecciones saludables, pero su enfoque reduccionista ha resultado insuficiente. Al simplificar la complejidad nutricional a un único algoritmo y una escala de colores, penaliza injustamente productos esenciales con alto valor nutricional, como el aceite de oliva virgen extra, mientras otorga calificaciones favorables a otros menos saludables. La crítica central es que Nutri-Score reduce la dieta a una suma de nutrientes aislados, ignorando el contexto global de la alimentación: frecuencia de consumo, procesamiento y patrón dietético general. Así, termina desorientando al consumidor que busca información clara y completa sobre lo que come y contribuye al alejamiento de la dieta mediterránea.
La persistencia de esta inflación exige una mirada crítica sobre la cadena de responsabilidades. Los factores son conocidos: costes de producción y transporte, encarecimiento energético, fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, estas tensiones se trasladan en su totalidad al consumidor final, generando la sospecha de que la crisis se aprovecha para aumentar márgenes de beneficio en eslabones intermedios.
El Estado no puede limitarse a observar. La lucha contra la inflación alimentaria requiere medidas estructurales y fiscalización rigurosa. Rebajar el IVA de los alimentos básicos es un paliativo; lo esencial es garantizar competencia justa entre las grandes cadenas de distribución y exigir máxima transparencia: la ciudadanía tiene derecho a entender por qué un producto básico sube un 35% en tan poco tiempo y quién se beneficia de esta espiral de sobrecoste.
Mientras se espera una acción coordinada, miles de familias implementan estrategias de supervivencia: planificar meticulosamente, buscar productos de temporada o recurrir a mercados de proximidad. Pero estas soluciones individuales no resuelven un problema sistémico. La inflación de la cesta de la compra no es un desafío técnico para los economistas; es una cuestión de justicia social que amenaza con consolidarse como un rasgo permanente de la economía española. Permitir que el precio de la alimentación dicte la dieta es dejar que la inflación erosione ingresos y acentúe desigualdades sociales y de salud. La única conclusión viable es clara: se necesita la intervención decisiva, transparente y responsable del sector público.